Florida enfrenta el giro federal en la regulación de los gases de efecto invernadero
Por Johani Carolina Ponce
¿Qué pasaría si el gobierno dejara de considerar peligrosa la contaminación que está detrás del aumento del calor extremo, las inundaciones costeras y los eventos climáticos que ya afectan a Florida? Para un estado identificado entre los más vulnerables al cambio climático por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, ese escenario dejó de ser hipotético.
El jueves 12 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció que su administración eliminó el endangerment finding de 2009 (la determinación de peligro de la Agencia de Protección Ambiental, EPA) que establecía que seis gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO₂) y el metano, contaminantes que atrapan el calor en la atmósfera, amenazan la salud pública y el medio ambiente. Esa conclusión científica fue la base legal que permitió al gobierno federal regular por primera vez la contaminación responsable del calentamiento global.
La autoridad surgió de la Ley de Aire Limpio, aprobada en 1970 para combatir smog y contaminantes tóxicos. Según datos oficiales de la EPA, entre 1970 y 2019 la contaminación del aire en Estados Unidos se redujo cerca de 77%, evitando cientos de miles de muertes prematuras y millones de casos de enfermedades respiratorias. Tras aplicarse al cambio climático en 2009, las regulaciones federales, especialmente en autos y camiones, lograron reducir más de 7 mil millones de toneladas de CO₂ hasta 2026 y generaron ahorros superiores a 1.7 billones de dólares en combustible para los consumidores, gracias a vehículos más eficientes.
Un vehículo promedio en EE. UU. emite cerca de 4.6 toneladas de CO₂ por año según datos oficiales de la EPA. Si se multiplica esa cifra por los más de 280 millones de vehículos registrados en el país, las emisiones colectivas de los autos suman miles de millones de toneladas cada año. Una reducción de 7 mil millones de toneladas de CO₂ equivale aproximadamente a eliminar todas las emisiones de los autos estadounidenses durante más de cinco años, una comparación que ayuda a visualizar la magnitud del impacto.
La justificación oficial de la administración Trump
La administración Trump defendió la decisión como una medida para reducir regulaciones que, según la EPA, encarecían vehículos y limitaban la producción energética. En el comunicado oficial, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó la revocación como “la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos” y sostuvo que la determinación de peligro había sido utilizada para imponer costos significativos a consumidores y fabricantes. La agencia estimó que eliminar estos estándares podría ahorrar más de 1.3 billones de dólares en costos regulatorios a largo plazo, una cifra incluida en el anuncio oficial del 12 de febrero de 2026.
¿Cómo afecta directamente al ciudadano común?
La eliminación de la determinación de peligro de 2009 no es un cambio legal abstracto, sino una decisión con efectos concretos en la vida diaria de millones de personas. Al debilitar la base legal para limitar emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, se reduce la capacidad del gobierno federal para intervenir en problemas que la ciencia y expertos médicos han vinculado a impactos sobre la salud pública.
Organizaciones médicas y de salud pública han advertido sobre estos riesgos. Harold Wimmer, presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense del Pulmón, dijo que el fin de la determinación de peligro “es un día oscuro para la ciencia y la salud” y que la decisión “resultará en más contaminación del aire, desastres más frecuentes e intensos, y mayor riesgo de enfermedades, haciendo que la salud pulmonar empeore en todo EE. UU.”.
Georges C. Benjamin, MD, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, afirmó que eliminar la determinación “socava décadas de ciencia y fallos judiciales”, y que la acción “exacerbará las amenazas de salud que ya vemos por el cambio climático, como olas de calor, más contaminación del aire y mortíferos incendios forestales”.
Katie Huffling, directora de la Alianza de Enfermeras por Entornos Saludables, manifestó que rescindir la determinación es “no solo peligroso, sino un ataque a la ciencia y a la salud de la población”, y que los profesionales de la salud ven “el impacto humano del cambio climático todos los días”.
Además, diversas coaliciones de salud ya han presentado demandas legales contra la eliminación de la determinación porque consideran que la acción “viola el mandato legal de proteger contra la contaminación que pone en peligro la salud pública y el bienestar”.
La eliminación de la determinación de peligro deja sin efecto la principal base legal para regular los gases de efecto invernadero a nivel federal. La medida ya enfrenta demandas de organizaciones de salud y ambientales, mientras expertos advierten sobre posibles impactos en la calidad del aire y la salud pública.
